Una obsesión llamada Inmigración
El escritor ruso Fedor Dostoiewski, en su obra Los hermanos Karamanzov, sintetizaba e ironizaba sobre el pensamiento de aquellos individuos de pretendidos excelsos ideales cuando manifestaba que hay personas que cuanto más dicen amar a la humanidad en general, menos aman a las personas en particular. Eso mismo les pasa a algunos nacionalistas, especialmente a algunos nacionalistas catalanes. Para éstos, su obsesión inmigratoria es ya una cuestión de siglos. ”
Los centros fabriles catalanes del siglo diecinueve, necesitados de mano de obra barata recibieron una primera avalancha de inmigrantes de las zonas más deprimidas de Cataluña, de forma preferente de las comarcas de Lérida y de Tarragona. En general, aún siendo hablantes de la misma lengua no pudieron zafarse de la burla y mofa, ni de ser señalados por su diferencial forma de hablar respecto al habla barcelonesa, que la burguesía consideraba como primigenia, eje vertebrador y como verdad revelada al profeta Pompeu Fabra y que serviría para delimitar la existencia de catalanes de primera y de segunda. Afortunadamente para ellos, pronto llegarían nuevas remesas de inmigrantes procedentes de Aragón, Valencia y Murcia, y hacia éstos se dirigirían los ataques xenófobos de quienes antes habían ridiculizado a los propios catalanes. Los charnegos de Cataluña serían el equivalente a los maquetos del País Vasco. En las estaciones de los ferrocarriles vascongados, cuando se hacía sonar la campana que anunciaba la salida de los trenes, se solía oír esta frase: “Viajeros al tren, gallegos también”. El radicalismo lerrouxista se parapetaría en la inmigración para sus ataques contra la burguesía y en sus jóvenes bárbaros para sus actos anticlericales y de criminalidad manifiesta. Posteriormente, andaluces y extremeños conformarían el grueso de la nueva oleada migratoria en Cataluña y atraerían las iras y truenos de los de siempre hasta ser los nuevos chivos expiatorios de los males de una parte de la sociedad catalana.
Actualmente, la inmigración ya no es estrictamente peninsular, sino que proviene de allende los mares o del territorio de la Unión Europea. Una legislación acomplejada ha hecho de España un territorio de promisión para los inmigrantes que pretenden ganarse la vida con su propio esfuerzo y un auténtico paraíso para quienes llegan a nuestro país con la idea de continuar su actividad delictiva, maximizando el beneficio de cada una de sus acciones, y blanqueando el dinero ilegalmente obtenido sin prácticamente límite alguno.
En las oficinas de extranjería perciben un cambio sustancial en los nuevos emigrantes. En la década de los noventa, llegaban personas con un cierto nivel de estudios que asumía trabajos de muy inferior categoría para huir de las condiciones de miseria, estancamiento y represión de sus países. Cuando solicitaban información y ayuda para la resolución de sus problemas de residencia anteponían el “por favor” a cualquier planteamiento. Iniciado el siglo veintiuno, varían sensiblemente las actitudes, sobre todo, a partir de las regulaciones masivas. Ahora, es práctica común exigir ante cualquier mesa y tildar de racista al probo funcionario que se atreve a decirles que a su solicitud de residencia le faltan documentos. Los insultos que reciben los funcionarios son más que habituales, cuando no se les espera a la salida de la oficina para amenazarlos. Tom Wolfe, en el nuevo periodismo americano, describía escenas parecidas en Maumauando al parachoques.
Las necesidades de producción, legal o sumergida, en la que se ha visto inmersa España, y muy especialmente Cataluña, formularon una extraña alianza entre la alta burguesía y la izquierda política y sindical, que ha acabado por implicar a todos los partidos, incluso los acérrimos nacionalistas identitarios, que también esperan sacar tajada de la inmigración. Para unos será la ley del ejército industrial de reserva que conduce los salarios a la baja; para otros, la esperanza de obtener los votos y contar con nuevas afiliaciones que les ayuden a sostener sus organizaciones y a sus liberados, ya que los nacionales del país les dan, cada día más, la espalda al no querer ser utilizados como carne de cañón para sus desvaríos ideológicos que solamente producen miseria. Unidos en la necesidad de recibir inmigrantes, unos y otros elaboran teorías para justificar los ¡Papeles para todos!, que actuarán de factor de atracción para millones de personas a quienes se les vende un incierto imaginario de Bienestar por parte de la propaganda oficial. Teorías orientadas a frenar el rechazo del autóctono intranquilo por la llegada masiva de millones de inmigrantes en menos de una década. Teorías inverosímiles que justificarán la avalancha con ideas-fuerza tan peregrinas como que los inmigrantes pagaran las futuras pensiones de los aborígenes. Una argumentación de la izquierda socialista y comunista que elude analizar las causas de un problema que, hoy en día, gracias a la demagogia ha comenzado a estallar. Pero, es que ni en los años de mayor auge económico esto fue así. En esos años, los ingresos medios por seguridad social, IRPF y otros impuestos y tasas se acercaban a los 1.470 € por inmigrante, mientras que los gastos ascendían a unos 2.500 € por diversos conceptos asistenciales y de protección social a la inmigración. El que se quiera engañar, que se engañe, pero que siga cotizando lo más que pueda para no verse arrollado por el difícil futuro que nos espera.
Durante la época de vacas gordas, el dinero corría fácilmente, un cierto laissez faire, laissez passer se concretaba en el seno de una sociedad que facilitaba el reagrupamiento familiar y subsidiaba sin cuantificar el coste de dichas alegrías. Los ayuntamientos inscribían a todos los inmigrantes que se acercaban a sus registros, sin importarles que en una misma vivienda se empadronasen veinte, treinta o cincuenta personas. Todo se permitía con tal de aumentar la población, para conseguir así mayores subvenciones del Estado. Llegados con visados de turistas, para algunos la boda con nacionales era el camino seguro que permitía, obtener más rápidamente la residencia, contando con el posterior divorcio exprés. Muchos municipios, como Reus, se obsesionaron con superar los cien mil habitantes.
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La extraña alianza de intereses
Las necesidades de producción, legal o sumergida, en la que se ha visto inmersa España, y muy especialmente Cataluña, formularon una extraña alianza entre la alta burguesía y la izquierda política y sindical, que ha acabado por implicar a todos los partidos, incluso los acérrimos nacionalistas identitarios, que también esperan sacar tajada de la inmigración. Para unos será la ley del ejército industrial de reserva que conduce los salarios a la baja; para otros, la esperanza de obtener los votos y contar con nuevas afiliaciones que les ayuden a sostener sus organizaciones y a sus liberados, ya que los nacionales del país les dan, cada día más, la espalda al no querer ser utilizados como carne de cañón para sus desvaríos ideológicos que solamente producen miseria. Unidos en la necesidad de recibir inmigrantes, unos y otros elaboran teorías para justificar los ¡Papeles para todos!, que actuarán de factor de atracción para millones de personas a quienes se les vende un incierto imaginario de Bienestar por parte de la propaganda oficial. Teorías orientadas a frenar el rechazo del autóctono intranquilo por la llegada masiva de millones de inmigrantes en menos de una década. Teorías inverosímiles que justificarán la avalancha con ideas-fuerza tan peregrinas como que los inmigrantes pagaran las futuras pensiones de los aborígenes. Una argumentación de la izquierda socialista y comunista que elude analizar las causas de un problema que, hoy en día, gracias a la demagogia ha comenzado a estallar. Pero, es que ni en los años de mayor auge económico esto fue así. En esos años, los ingresos medios por seguridad social, IRPF y otros impuestos y tasas se acercaban a los 1.470 € por inmigrante, mientras que los gastos ascendían a unos 2.500 € por diversos conceptos asistenciales y de protección social a la inmigración. El que se quiera engañar, que se engañe, pero que siga cotizando lo más que pueda para no verse arrollado por el difícil futuro que nos espera.
Durante la época de vacas gordas, el dinero corría fácilmente, un cierto laissez faire, laissez passer se concretaba en el seno de una sociedad que facilitaba el reagrupamiento familiar y subsidiaba sin cuantificar el coste de dichas alegrías. Los ayuntamientos inscribían a todos los inmigrantes que se acercaban a sus registros, sin importarles que en una misma vivienda se empadronasen veinte, treinta o cincuenta personas. Todo se permitía con tal de aumentar la población, para conseguir así mayores subvenciones del Estado. Llegados con visados de turistas, para algunos la boda con nacionales era el camino seguro que permitía, obtener más rápidamente la residencia, contando con el posterior divorcio exprés. Muchos municipios, como Reus, se obsesionaron con superar los cien mil habitantes.
Al ritmo que crecía la inmigración, muchos nacionales veían como su solicitud de ayudas de los diferentes fondos era rechazada y, con estupor, podían comprobar en las listas de agraciados una mayoría de nombres extranjeros. Año tras año, verificaban esa evidencia en las oficinas de asistencia social de cualquier ayuntamiento u organismo de su comunidad autónoma, circunstancia que, poco a poco, ha tensado la convivencia con “el diferente” llegado desde más de doscientos países. Diferentes lenguas, diversas formas de interpretar la vida se han expandido por el territorio, que ha visto como los inmigrantes, de una forma natural, tendían a agruparse por nacionalidades y a conformar guetos cada vez más cerrados, auténticas casbas organizadas y protegidas por bandas de inmigrantes que tratan de chulear de por vida a sus compatriotas y de utilizarlos de parapetos para sus actividades delictivas. Realmente, no todos pretenden integrarse.
Una convivencia ensombrecida, aún más, a resultas de los actos terroristas del islamismo radical y de la actividad delictiva de las bandas criminales de una larga cincuentena de países que operan en territorio español, como si de verdaderos ejércitos se tratara. También, hemos visto como algunos países han abierto sus cárceles y han expulsado a sus penados hacia la nueva tierra de promisión europea para que se ganen la vida como puedan. Y, en Europa, esas personas han continuado haciendo lo que sabían hacer: delinquir. Cientos de miles de españoles han sufrido ya esa actividad delictiva de todo tipo en sus propias carnes. Actividad delictiva que es de tal dimensión, que genera la impresión de una inseguridad ciudadana permanente en las casas, en las calles, en los barrios, en los centros de estudio, en los comercios o en las zonas de ocio y diversión, y que abarca todos los ámbitos criminales que acompañan siempre a las mafias: droga, prostitución, explotación laboral, extorsión o asesinatos. Todos los elementos del caldo de cultivo de la xenofobia y del racismo que encabrita, cada día más, a amplios sectores de la población autóctona.
Pero, aquí todo es distinto. Si cualquier país establecía controles a la inmigración mediante contingentes anuales, de acuerdo a sus necesidades y a su capacidad para acogerlos como personas con dignidad, en la España del acomplejado Aznar, no, y en la del desquiciado Rodríguez Zapatero todavía menos. En consecuencia, como una llamarada, se extienden los barrios marginales en los que circular por ellos se convierte para los nacionales en una verdadera aventura, incluso a plena luz del día en un buen número de poblaciones. Una vida marginal ejercida de forma endogámica que reducirá drásticamente cualquier esfuerzo de integración.
Cuando el dinero ha dejado de correr con alegría y no se necesita tanta mano de obra, se reconoce en petit comité que no puede haber papeles para todos. Con las vacas flacas, la inmigración ya es harina de otro costal y quienes la víspera defendían “papeles para todos” comienzan a recular hacia el “todos a su casa”. Así, el factor de atracción se torna factor de repulsión cuando la población percibe que aumentan los problemas de convivencia, especialmente con aquellas comunidades de inmigrantes que, superada la fase de penetración e implantación ciudadana, parecen querer actuar más en un plan de conquista y regirse por sus propias leyes, al margen totalmente de aquellas que rigen en el pueblo que los acoge. Aumenta el número de ciudadanos que, día a día, comprueban como el respeto por las costumbres no siempre es recíproco y como surgen los conflictos cuando algunos inmigrantes se especializan en exigir sus derechos y en evitar cumplir con sus obligaciones en las comunidades de vecinos, en el barrio o en el municipio.
Es en época de crisis cuando se empieza a aceptar la inmigración como un problema económico y una cuestión de equilibrio que exige unos límites. Pero, algunos prefieren mantenerse en el error sin un análisis de las causas y de las consecuencias de los actos propios y ajenos, y por temor a que se les considere autoritarios decretan una permisividad distorsionada de valores que desorienta a la ciudadanía y encubre cualquier desatino con el lavado de conciencias que realiza el marketing político. Ese es el progresismo esnob que vende la moto de un enriquecimiento cultural que para ellos no supone ningún riesgo ni amenaza. Un buenismo de clase alta para lavar su conciencia con actos e intenciones. Pero, quien sí convive con personas de perfiles y objetivos distintos a los suyos, en su relación social se puede sentir amenazada, ya que el ser humano busca entornos amigables para convivir que le den seguridad a él y a su familia. Así, quienes definen el pensamiento políticamente correcto, con su mejor intención, exigen a los demás, a los que conviven en zonas con fuerte presencia de inmigrantes, grandes dosis de altruismo que sobrepasan sus propios intereses, sin acertar a comprender sus quejas.
Más de dos lustros de inmigración incontrolada han creado un problema latente que nunca se ha afrontado con seriedad, una bomba de relojería a desactivar con la mayor urgencia y transparencia posible. Como la hipocresía del gobierno socialista se niega a reconocer el problema, Torrejón de Ardoz, Vic, pueblos de Málaga y otros municipios lo plantean aunque con un fuerte trasfondo racista y xenófobo.
La decisión del alcalde de Vic abre el debate sobre si es aceptable o no la existencia de personas que no figuren en ningún sitio y a las que se les pueda denegar prestaciones básicas necesarias para el ser humano. En el caso de Vic, una localidad que, en los siglos X al XII, fue poblada por personas de procedencia y razas diversas, no es casual la salida de tono de su ayuntamiento, justo un mes después de la celebración del referéndum independentista, en el que los inmigrantes votaron sin DNI, porque se les prometió que obtendrían el certificado de arraigo necesario para residir en Cataluña. Sin embargo, una vez la papeleta en la urna, al solicitar su certificado se quedaban con un palmo de narices y sin la dirección del maestro armero a quien reclamar. "Votamos por Cataluña y ahora se nos expulsan" -dicen arrepentidos mientras inician el camino hacia otras poblaciones.
Evidentemente, la legalidad es consustancial con un régimen democrático, pero, si los primeros obligados a cumplir las leyes las incumplen, la autoridad se resiente y pierde credibilidad, y crea un precedente que habilita a cualquier ciudadano al incumplimiento sistemático de la ley. No obstante, a pesar de la existencia de un documento de recomendaciones de la Taula d’Inmigració i Ciutadania, formada por el gobierno de la Generalidad y los municipios, un informe del bufete de Roca Junyent apuntalaba las tesis del alcalde de Vic e indicaba que “ha tenido un comportamiento ajustado a las más estricta y fiel interpretación de las normas legales aplicables e, incluso, a las normas comunitarias sobre exigencia, efectos y características de los visados emitidos por los Estados miembros de la Unión Europea”. El alcalde de Vic, indica al ministro del Interior, que “en estricto cumplimiento de la legalidad, este ayuntamiento, en aplicación de aquello que dispone el art. 25 de la Ley 4/2000 de 11 de enero que regula los Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social se establece una distinción entre los extranjeros procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea y aquellos otros que lo hacen de países terceros, es decir, no pertenecientes a la Unión. Para estos últimos, en estricta aplicación y respeto por lo que establece el apartado 2 del mencionado artículo 25 de Ley 4/2000, es preciso que el pasaporte se acompañe del perceptivo visado”. El ayuntamiento solicita al ministro cuáles son las normas legales, internas y comunitarias, que resulten de aplicación.
Una iniciativa criticada por el Consejo General de la Abogacía Española por vulnerar los derechos de los extranjeros, quien advierte que “podría llegar a incurrir en infracción de algún precepto de la legislación penal”. La Ley de Extranjería expresa que: “Los ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos”. La Ley de Bases del Régimen Local prescribe que: “Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año”.
Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la postura del ayuntamiento de Vic es “una barbaridad y una medida ilegal, que podría ser motivo de delito” al vulnerar la Ley de Extranjería, que liga derechos fundamentales al empadronamiento, y la Ley de Bases del Régimen Local. Para los constitucionalistas, el padrón es un documento de hecho, no de derecho, en el que deben figurar absolutamente todos los residentes que vivan en un municipio”. Incumplir la ley vulneraría derechos recogidos en el Convenio de Derechos del Niño, por lo que se incurriría en un delito tipificado en el Código Penal. Para el Colegio de Abogados de Madrid, “en sentido civil, no administrativo, cualquiera persona independientemente de su situación administrativa, irregular o regular, tiene derecho y deber de estar empadronado”. ¿Una inmigrante ilegal podrá dar a luz en un hospital? ¿Podrán los niños ilegales asistir a clases en un colegio?
Sin ningún rubor, algunos nacionalistas mezclan sentimientos y elementales razonamientos para disfrazar su fondo xenófobo, que les hace indiferentes al sufrimiento del prójimo. Un nacionalismo, carcomido por treinta años de corrupción, que se ha acostumbrado a reprimir y sancionar a quien discrepa de su pensamiento único, que se parapeta en sus lenguas vehiculares y en pretendidos derechos históricos para ocultarnos su verdadero rostro de intolerancia y xenofobia. Con tal particular jeta, este nacionalismo acaba por no admitir ninguna discrepancia ni crítica, incapaz de argumentar pasa por el insulto al contrario hasta llegar a la amenaza, virtual o no, y de la amenaza letal a la agresión física. Hoy, izquierda y nacionalistas se pelean por dominar un discurso racista que les puede atraer, temporalmente, miles de votos en próximas elecciones.
La inmigración, como tema de Estado, exige un tratamiento serio, sin demagogia, que conduzca al acuerdo político y social en pos de una posición común de toda la sociedad, cuyo ADN es el producto genético de mestizaje de varias generaciones. No podemos olvidar que somos un país donde millones han sido emigrantes y otros muchos continuamos siendo inmigrantes; pero que, ante todo, se es persona con derechos y obligaciones. Al inmigrante no se le puede dejar abandonados a su suerte y al viento de la exclusión social por mucha situación administrativa de irregularidad o ilegalidad en la que incurra. No se les puede relegar injustamente cuando estorban, ni cuando crean roces étnicos, de culturas y religiones.
Una convivencia ensombrecida, aún más, a resultas de los actos terroristas del islamismo radical y de la actividad delictiva de las bandas criminales de una larga cincuentena de países que operan en territorio español, como si de verdaderos ejércitos se tratara. También, hemos visto como algunos países han abierto sus cárceles y han expulsado a sus penados hacia la nueva tierra de promisión europea para que se ganen la vida como puedan. Y, en Europa, esas personas han continuado haciendo lo que sabían hacer: delinquir. Cientos de miles de españoles han sufrido ya esa actividad delictiva de todo tipo en sus propias carnes. Actividad delictiva que es de tal dimensión, que genera la impresión de una inseguridad ciudadana permanente en las casas, en las calles, en los barrios, en los centros de estudio, en los comercios o en las zonas de ocio y diversión, y que abarca todos los ámbitos criminales que acompañan siempre a las mafias: droga, prostitución, explotación laboral, extorsión o asesinatos. Todos los elementos del caldo de cultivo de la xenofobia y del racismo que encabrita, cada día más, a amplios sectores de la población autóctona.
Pero, aquí todo es distinto. Si cualquier país establecía controles a la inmigración mediante contingentes anuales, de acuerdo a sus necesidades y a su capacidad para acogerlos como personas con dignidad, en la España del acomplejado Aznar, no, y en la del desquiciado Rodríguez Zapatero todavía menos. En consecuencia, como una llamarada, se extienden los barrios marginales en los que circular por ellos se convierte para los nacionales en una verdadera aventura, incluso a plena luz del día en un buen número de poblaciones. Una vida marginal ejercida de forma endogámica que reducirá drásticamente cualquier esfuerzo de integración.
Cuando el dinero ha dejado de correr con alegría y no se necesita tanta mano de obra, se reconoce en petit comité que no puede haber papeles para todos. Con las vacas flacas, la inmigración ya es harina de otro costal y quienes la víspera defendían “papeles para todos” comienzan a recular hacia el “todos a su casa”. Así, el factor de atracción se torna factor de repulsión cuando la población percibe que aumentan los problemas de convivencia, especialmente con aquellas comunidades de inmigrantes que, superada la fase de penetración e implantación ciudadana, parecen querer actuar más en un plan de conquista y regirse por sus propias leyes, al margen totalmente de aquellas que rigen en el pueblo que los acoge. Aumenta el número de ciudadanos que, día a día, comprueban como el respeto por las costumbres no siempre es recíproco y como surgen los conflictos cuando algunos inmigrantes se especializan en exigir sus derechos y en evitar cumplir con sus obligaciones en las comunidades de vecinos, en el barrio o en el municipio.
Es en época de crisis cuando se empieza a aceptar la inmigración como un problema económico y una cuestión de equilibrio que exige unos límites. Pero, algunos prefieren mantenerse en el error sin un análisis de las causas y de las consecuencias de los actos propios y ajenos, y por temor a que se les considere autoritarios decretan una permisividad distorsionada de valores que desorienta a la ciudadanía y encubre cualquier desatino con el lavado de conciencias que realiza el marketing político. Ese es el progresismo esnob que vende la moto de un enriquecimiento cultural que para ellos no supone ningún riesgo ni amenaza. Un buenismo de clase alta para lavar su conciencia con actos e intenciones. Pero, quien sí convive con personas de perfiles y objetivos distintos a los suyos, en su relación social se puede sentir amenazada, ya que el ser humano busca entornos amigables para convivir que le den seguridad a él y a su familia. Así, quienes definen el pensamiento políticamente correcto, con su mejor intención, exigen a los demás, a los que conviven en zonas con fuerte presencia de inmigrantes, grandes dosis de altruismo que sobrepasan sus propios intereses, sin acertar a comprender sus quejas.
Más de dos lustros de inmigración incontrolada han creado un problema latente que nunca se ha afrontado con seriedad, una bomba de relojería a desactivar con la mayor urgencia y transparencia posible. Como la hipocresía del gobierno socialista se niega a reconocer el problema, Torrejón de Ardoz, Vic, pueblos de Málaga y otros municipios lo plantean aunque con un fuerte trasfondo racista y xenófobo.
Cuando los demás son los racistas
La decisión del alcalde de Vic abre el debate sobre si es aceptable o no la existencia de personas que no figuren en ningún sitio y a las que se les pueda denegar prestaciones básicas necesarias para el ser humano. En el caso de Vic, una localidad que, en los siglos X al XII, fue poblada por personas de procedencia y razas diversas, no es casual la salida de tono de su ayuntamiento, justo un mes después de la celebración del referéndum independentista, en el que los inmigrantes votaron sin DNI, porque se les prometió que obtendrían el certificado de arraigo necesario para residir en Cataluña. Sin embargo, una vez la papeleta en la urna, al solicitar su certificado se quedaban con un palmo de narices y sin la dirección del maestro armero a quien reclamar. "Votamos por Cataluña y ahora se nos expulsan" -dicen arrepentidos mientras inician el camino hacia otras poblaciones.
Evidentemente, la legalidad es consustancial con un régimen democrático, pero, si los primeros obligados a cumplir las leyes las incumplen, la autoridad se resiente y pierde credibilidad, y crea un precedente que habilita a cualquier ciudadano al incumplimiento sistemático de la ley. No obstante, a pesar de la existencia de un documento de recomendaciones de la Taula d’Inmigració i Ciutadania, formada por el gobierno de la Generalidad y los municipios, un informe del bufete de Roca Junyent apuntalaba las tesis del alcalde de Vic e indicaba que “ha tenido un comportamiento ajustado a las más estricta y fiel interpretación de las normas legales aplicables e, incluso, a las normas comunitarias sobre exigencia, efectos y características de los visados emitidos por los Estados miembros de la Unión Europea”. El alcalde de Vic, indica al ministro del Interior, que “en estricto cumplimiento de la legalidad, este ayuntamiento, en aplicación de aquello que dispone el art. 25 de la Ley 4/2000 de 11 de enero que regula los Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social se establece una distinción entre los extranjeros procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea y aquellos otros que lo hacen de países terceros, es decir, no pertenecientes a la Unión. Para estos últimos, en estricta aplicación y respeto por lo que establece el apartado 2 del mencionado artículo 25 de Ley 4/2000, es preciso que el pasaporte se acompañe del perceptivo visado”. El ayuntamiento solicita al ministro cuáles son las normas legales, internas y comunitarias, que resulten de aplicación.
Una iniciativa criticada por el Consejo General de la Abogacía Española por vulnerar los derechos de los extranjeros, quien advierte que “podría llegar a incurrir en infracción de algún precepto de la legislación penal”. La Ley de Extranjería expresa que: “Los ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos”. La Ley de Bases del Régimen Local prescribe que: “Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año”.
Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la postura del ayuntamiento de Vic es “una barbaridad y una medida ilegal, que podría ser motivo de delito” al vulnerar la Ley de Extranjería, que liga derechos fundamentales al empadronamiento, y la Ley de Bases del Régimen Local. Para los constitucionalistas, el padrón es un documento de hecho, no de derecho, en el que deben figurar absolutamente todos los residentes que vivan en un municipio”. Incumplir la ley vulneraría derechos recogidos en el Convenio de Derechos del Niño, por lo que se incurriría en un delito tipificado en el Código Penal. Para el Colegio de Abogados de Madrid, “en sentido civil, no administrativo, cualquiera persona independientemente de su situación administrativa, irregular o regular, tiene derecho y deber de estar empadronado”. ¿Una inmigrante ilegal podrá dar a luz en un hospital? ¿Podrán los niños ilegales asistir a clases en un colegio?
Sin ningún rubor, algunos nacionalistas mezclan sentimientos y elementales razonamientos para disfrazar su fondo xenófobo, que les hace indiferentes al sufrimiento del prójimo. Un nacionalismo, carcomido por treinta años de corrupción, que se ha acostumbrado a reprimir y sancionar a quien discrepa de su pensamiento único, que se parapeta en sus lenguas vehiculares y en pretendidos derechos históricos para ocultarnos su verdadero rostro de intolerancia y xenofobia. Con tal particular jeta, este nacionalismo acaba por no admitir ninguna discrepancia ni crítica, incapaz de argumentar pasa por el insulto al contrario hasta llegar a la amenaza, virtual o no, y de la amenaza letal a la agresión física. Hoy, izquierda y nacionalistas se pelean por dominar un discurso racista que les puede atraer, temporalmente, miles de votos en próximas elecciones.
La inmigración, como tema de Estado, exige un tratamiento serio, sin demagogia, que conduzca al acuerdo político y social en pos de una posición común de toda la sociedad, cuyo ADN es el producto genético de mestizaje de varias generaciones. No podemos olvidar que somos un país donde millones han sido emigrantes y otros muchos continuamos siendo inmigrantes; pero que, ante todo, se es persona con derechos y obligaciones. Al inmigrante no se le puede dejar abandonados a su suerte y al viento de la exclusión social por mucha situación administrativa de irregularidad o ilegalidad en la que incurra. No se les puede relegar injustamente cuando estorban, ni cuando crean roces étnicos, de culturas y religiones.
Es la hora del sentido común, de la solidaridad, de la flexibilidad en las relaciones con los inmigrantes para ver en ellos un hermano, alguien no ajeno a uno mismo, de ver en el inmigrante al Cristo de nuevo crucificado; pero, también, es la hora de no hacer el primo, de no dejarse avasallar por las geoestrategias de aquellos bloques mundiales que buscan, con la desintegración de España, la reconstrucción de su particular imaginario irredento y la utilización de los inmigrantes como su particular carne de cañón, y a la izquierda y a los nacionalismos como su especial caballo de Troya.
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