El semestre que nos viene encima

Pobre balance de la presidencia semestral de la Unión Europea, una actuación de pena de José Luís Rodríguez Zapatero y de su gobierno, que abre el debate sobre la ineficacia y el coste de estas presidencias rotatorias. La figura del Presidente del Consejo, determinado en el Tratado de Lisboa, Herman Van Rompuy, ha eclipsado a Rodríguez Zapatero en cualquiera de las decisiones clave para el futuro de Europa. Miguel Angel Moratinos declara que se han cumplido el 100% de los objetivos marcados por el gobierno español. Al menos, en materia de igualdad y de Iniciativa Legislativa Popular, no ha sido así.

Con un semblante ausente, Rodríguez Zapatero se explica, sin convencer, ante el Consejo de Europa

La autocrítica socialista ha brillado por su ausencia, en ella incluimos el ansiado “acontecimiento planetario” de Leyre Pajín donde confluirían Zapatero y Barack Obama. Bien al contrario, Obama se limitó a llamar por teléfono a Zapatero el 11 de mayo para exigirle medidas y reformas, y el 16 de junio de 2010, le envió al responsable del Tesoro de EEUU para el G-20, Charles Collyns, para calibrar in situ la crisis española y las medidas del Gobierno, por su riesgo potencial para la estabilidad financiera internacional. A puerta cerrada, Collyns recibió explicaciones del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y de la ministra de Economía, Elena Salgado. Uno de sus interlocutores privados fue Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid.

Diplomáticos de carrera españoles han sentido vergüenza ajena por la imagen dada por el actual equipo de Exteriores. También, aquellos españoles, que son funcionarios europeos de carrera, han sufrido las bromas del resto de sus compañeros de las instituciones europeas. Varias de las cumbres previstas no se han llegado a realizar – entre otras, la cumbre Euromediterránea- y en otras no han acudido ni la mitad de los convocados. Rodríguez Zapatero ha sido cuestionado por la prensa internacional por su incapacidad para liderar la salida de la crisis en Europa y por sus continuos roces con Van Rompuy, actitudes que han supuesto la cancelación de la cumbre con Estados Unidos, que hundió las escasas y erróneas expectativas de un tocado presidente español, alejado de los centros de toma de decisiones, como en la crisis de Grecia, pero esperanzado en que la presencia del gringo lavara su imagen en España. Se quedó sin la fotografía con Obama.

Angela Merkel y Barack Obama, dos de los dignatarios que han acabado hasta el moño de la presidencia rotatoria de Rodríguez Zapatero

Al final, menos mal que, en el Consejo Europeo, Angela Merkel y Nicolás Sarkozy minimizaron el desastre español reconociéndole un esfuerzo para la transparencia y la estabilidad del sistema financiero y de coordinación económica. También, Van Rompuy y Durao Barroso despidieron de forma cariñosa la presidencia de Zapatero.

Después del turno rotatorio europeo, ¿existe vida?

Sí, hay vida después de la presidencia rotatoria en Europa. No obstante, en el segundo semestre de 2010 y en todo el año 2011, la vida será muy dura para el común de los españoles.

¿Quién presta dinero a los bancos y a las empresas españolas? Prácticamente, nadie, salvo el Banco central Europeo. Ni los bancos españoles se prestan dinero entre sí, en el interbancario. Nadie se fía de nadie. De ahí, la angustia de bancos y cajas, de empresas y del Tesoro Público que, antes del fin de año, tiene que afrontar vencimientos de deuda por un importe de 100.000 millones de euros. Hasta ahora, colocar deuda exigía pagar una mayor prima de riesgo que otros países; pero, a partir de ahora, España tiene un problema de liquidez por las reticencias de muchos inversores para suscribir los bonos españoles. Y el gobierno de Rodríguez Zapatero sigue obligando a los bancos y cajas españoles a suscribir todas las emisiones en el caso de que no haya compradores, con la excusa de que para ellos supone una garantía para acceder a la financiación del BCE, puesto que éste no compra casi deuda española en el mercado secundario en su intento de forzar al ejecutivo de Zapatero a que actúe con nuevas medidas y, también, porque ha de intervenir en la deuda de Grecia, Portugal e Italia. El Financial Times llegó a asegurar que la Unión Europea se preparaba para la quiebra de España, al tener ésta que afrontar una prima insostenible. El 1 de julio la Banca española ha de devolver más de 80.000 millones solicitados hace un año al BCE.

A pesar del descalabro, Rodríguez Zapatero continúa repartiendo ayudas y subvenciones a sus aduladores con excelsa prodigalidad

Nadie en Europa conspira contra España, ni tampoco el Fondo Monetario Internacional, sólo quieren que nos enteremos que la época de las vacas gordas ha pasado, que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, endeudándonos por importes muy superiores al valor real de lo que ofrecemos en garantía. A ningún acreedor le interesa hundir a España, porque se quedarían sin cobrar. En estas condiciones, sin embargo, los acreedores endurecen las condiciones para prestarnos ante el temor de que no podamos devolver el principal ni sus intereses. Las señales nos las emiten la evolución del riesgo soberano (diferencial con el bono alemán y el alza de la prima de cobertura de impago), indicadores como el interbancario, los bonos corporativos y la bolsa.

Confían en que entendamos el problema para poder llegar a solucionarlo. Son escépticos y desconfían de los programas ayudas; de los planes de reducción del déficit público; de la permanencia de la burbuja inmobiliaria; de los alegres cálculos de crecimiento económico; de la pérdida de nuestra competitividad y de los precios de la energía y del factor trabajo; de la demanda doméstica que ahondará, aún más, su caída tras el aumento del IVA a partir del 1 de julio; de la elevada deuda del sector privado –familias y empresas-: del déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente; de la enorme dependencia del extranjero de la deuda conjunta de los sectores privados y públicos.

Sin economía productiva no se generan ingresos y los burdos artificios contables ya no engañan a nadie. Sin nuevas conductas ante el gasto y el ahorro, tanto público como privado, no se avanzará hacia el equilibrio presupuestario que permita un coste menor de la financiación y una mayor liquidez., y que ofrezca credibilidad ante unos mercados, muy susceptibles y nerviosos por un descalabro español que se resume en cinco millones de personas en paro.

Los prejuicios, base de la política económica neoliberal

Es la hora de eliminar aquellos prejuicios que deberían haber quedado fuera de contexto en Europa y en España y que se están cargando el Estado del Bienestar. Prejuicios procedentes de viejas y caducas ideologías, así como los que proceden de nuestra incapacidad para comprender el funcionamiento de las cosas. Si las ideas son inadecuadas los resultados dañan al conjunto de la política económica. Tres prejuicios que se repiten hasta la saciedad y que han derivado en obsesivas consignas: limitar el déficit público, la pasividad ante los mercados financieros y los recortes en la gestión pública.

Obsesiones como recortes del gasto público y subidas de impuestos se enfrentan a las necesidades reales de la economía que exige diferenciar entre déficit estructural y coyuntural. ¿Idéntica política presupuestaria en países en recuperación que en países sin crecimiento? ¿Por qué obsesionarse con fechas como 2013 o 2014? ¿No se puede esperar un par de años más?

Los prejuicios en Europa determinan sus políticas y las reacciones ante los mercados financieros internacionales. Se temen las investigaciones parlamentarias y judiciales para determinar responsabilidades de los gestores privados, para delatar su opacidad y sus engaños, mientras se ceban sobre los gestores públicos. ¿Por qué, después del caso Lehman y del resto de especuladores financieros, no se investigan a las agencias de rating, y a todos aquellos que inciden sobre las políticas presupuestarias y sobre la soberanía política de los países europeos?

La respuesta es el descrédito sistemático de lo público, ya que, por definición, los neoliberales conceden una superioridad absoluta a lo privado; pero, son esos mismos neoliberales quienes acuden, una y otra vez, al erario público para salvar su mercado y el conjunto de sus intereses privados, aunque sea a cambio del bienestar colectivo, a cambio de ampliar las desigualdades sociales y territoriales y a cambio de destruir la solidaridad universal y todos los proyectos que ella implica.

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El negocio de exigir sacrificios

El diputado europeo, Daniel Cohn-Bendit, en una gran intervención en el Parlamento Europeo plantea la hipocresia de la Unión Europea y los titubeos de los gobiernos europeos que han dado pábulo a la especulación de los mercados. ¿A qué juegan los gobiernos europeos y el Ecofin?

¿Por qué se pide a los gobiernos de Grecia, España o Portugal cosas imposibles de realizar en tres meses, cuando Alemania o Francia emplearían años en conseguirlo?¿Nadie piensa que se trata de personas antes que de un dinero que se mueve al compás de los delirios de los financieros?

El gran negocio consiste en recibir dinero al 1,5% o al 3% y prestarlo a Grecia, España y Portugal al 4, 5 o 6%. Prestar para que Grecia, por ejemplo, compre armas a Francia y Alemania. Por eso, la Unión Europea ha de imponer soluciones por decreto, alejándose del necesario consenso, huyendo del convencer y de inspirar actitudes de responsabilidad y de transparencia, inhibiéndose en la garantia de la integridad territorial de países como Grecia o Chipre y no fomentando el desarme en la región.

Hacer un esfuerzo para modificar los Tratados y para la creación de un Fondo Monetario Europeo, que actúe como fondo de inversión y solidaridad, que ponga freno a la especulación, que permita la supervisión de los presupuestos de los países necesitados de ayuda.

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Patética Legión

No tardó Cándido Méndez, ni una hora después de la manifestación del 8-J, en actuar como portavoz del Gobierno contra el que, supuestamente, se habían dirigido las protestas en la calle de los funcionarios. Un Cándido Méndez que actúa ya como cuarto Vicepresidente, con la misma línea de Prisa, con enorme afán de protagonismo para anunciar una crisis del gobierno de Rodríguez Zapatero y pedir su remodelación tras tres años sin tomar medida coherente alguna. A modo de conclusión lanzó el anatema de que “adelantar las elecciones es generar muchos más problemas”. Era la culminación de una huelga general en la que no paró ni el 18 por ciento de los llamados a secundarla. La representación teatral cosechó pitos y una seria advertencia.

Cientos de miles de cargos políticos, asesores, coordinadores y comisarios políticos han okupado la administración en los últimos años para controlar hasta el más mínimo detalle y, por supuesto, todas las bolsas de trabajo para que sólo trabajen las personas con el carné correcto

Una obra teatral escrita un miérdoles por la noche en La Moncloa, en una de aquellas cenas que organiza Rodríguez Zapatero para repartir consignas entre sus invitados. Unas veladas en las que Cándido Méndez tiene presencia destacada en unos momentos en que la olla a presión del malestar de los trabajadores estaba a punto de estallar y se necesitaba una válvula de escape. Por ello, el gobierno optó por el maquiavelismo masónico estilo Rubalcaba, auxiliado por la media inteligencia de Rodríguez Zapatero y de Méndez. Al oscuro, retorcido y manipulador, dirigente de UGT se le confió la misión de convencer al obtuso dirigente de CCOO, Fernández Toxo. Dos dirigentes sindicales, en las antípodas de un Camacho o de un Redondo, que se han posicionado permanentemente al lado del poder, que han avalado sus permanentes políticas destructoras de empleo y los recortes de las conquistas sociales, y que, en esta ocasión, tenían la misión de reducir en 340,5 millones de euros el gasto del estado si conseguían hacer paralizar toda la administración pública. El resto de sindicatos convocantes se añadieron al evento, excepto el CESM, el Satse y CNT. Todos sin ninguna convicción, con la única idea de no quedar descolocados ante los trabajadores afectados. Un guión marcado por el gobierno que contaba con unos actores (sindicatos) y unas cámaras (todas aquellas TV al servicio del régimen; es decir, desde la 1ª a la Sexta).

Un guión que sirvió para consensuar una huelga Light que culminaría con una manifestación de baja intensidad, para permitir a Rodríguez Zapatero obtener otra victoria pírrica y seguir considerándose “representante de los trabajadores”. Un guión que incluía una opípara comida para los dirigentes sindicales, el día 7 de junio, para sustanciar los últimos detalles de la huelga en el Hotel Villa Magna de Madrid. Una huelga, mezcla de cinismo y malevolencia, que demuestra la pérdida de capacidad de convocatoria de los sindicatos, que se mueven al compás del dúo teatral compuesto por Cándido Méndez y Fernández Toxo. Méndez llegó a decir: “Nosotros no ocasionamos las huelgas. Solamente las convocamos” y criticó al gobierno por minimizar la magnitud de la crisis económica y por haber mantenido tanto tiempo que los recortes serían innecesarios.

En este Hotel de 5 estrellas, en el barrio de Salamanca de Madrid, el día 7 de junio comieron opíparamente los dirigentes sindicales para ultimar detalles de la huelga

Análisis de unos pormenores

Toda huelga lleva unos pormenores en su preparación y desarrollo. Uno es la forma de convocarla, otro la forma de organizarla y otros los actos públicos a desarrollar.

Unos señores absolutamente ajenos a la Función Pública, Cándido Méndez y José Ignacio Fernández Toxo, a quienes nunca se les descontará ni un euro, sin consultar a los afectados, decretan una huelga general que ellos no realizarán bajo ningún supuesto. ¿Qué pretendían Méndez y Toxo? ¿Qué los funcionarios sacrificarán parte de sus sueldos en una huelga que no se sabía para qué iba a servir, ni a quién iba a servir?.

Dos personajes que se han mostrado incapaces de decir la verdad, en la mayoría de sus intervenciones

En esta ocasión, más que en ninguna otra anterior, se han determinado de forma abusiva los servicios mínimos, los grandes sindicatos convocadores no han expresado una especial protesta. Se han dado casos especialmente llamativos en hospitales de Cataluña, trabajos cubiertos a diario por dos personas se han adscrito a tres personas de servicios mínimos. Sanidad, Educación, Hacienda y otros ministerios y consejerías. Ayuntamientos con 265 trabajadores han adscrito a servicios mínimos a 145 de ellos.

En Madrid, por ejemplo, la manifestación recorrió una distancia de unos 300 metros, infinitamente inferior a cualquiera de las manifestaciones realizadas en la capital en los últimos tiempos.

En Tarragona asistí a la manifestación que partió desde la Plaza de su Ayuntamiento, atravesando la Rambla Vella en dirección a la Rambla Nova para enfilar hasta la subdelegación del Gobierno en la Plaza Imperial Tarraco. La prensa local reflejó una participación de cuatro mil a dos mil personas en la manifestación convocada por CCOO, CSI-F, IAC, UGT, USOC y Sindicat de Periodistes. Tres compañeros que se dedicaron a contar a todos los asistentes conforme accedían a la Plaza Imperial Tarraco, emplazados en tres lugares diferentes, me indicaron las siguientes cifras: 789, 846 y 852. Ustedes mismos. Casi había más siglas, pancartas y banderas que participantes.

El oportunismo infantil de los grupúsculos comunistas e independentistas, con pintas de no haber pegado un palo al agua en su vida, hizo su presencia también en la manifestación con banderas que para nada representaban a los funcionarios. También, unas docenas de trabajadores del sindicato de construcció i fusta de CCOO. Decenas de pensionistas se añadieron a la manifestación. A una treintena de amas de casas que se encontraban comprando en el mercadillo de la Rambla Nova, las pudimos convencer para que se unieran a la manifestación. La CGT realizó su propia manifestación a escasos cuarenta metros del resto de manifestantes, encabezada por su pancarta y un anciano vestido de explorador, con su camisa y pantalón corto caqui, con su megáfono. La manifestación anarcosindicalista englobaba a unos veintitantos ocupas que, entusiasmados, gritaban “vaga, vaga general”, conociendo a un buen número de éstos puedo decir que su historial laboral no sumaba ni cincuenta días cotizados en su vida, y a un grupillo de estudiantes con sus carpetas de la Universidad. También, dos banderas lilas dibujadas con una estrella de David, integrada dentro de una media luna, de la que pendía una cruz invertida. En verdad, que el grupito que las llevaba mostraba un aspecto satánico. Al margen de ellos, los miembros del SUP y CEP lucían en sus pancartas y estandartes la bandera española.

Silbatos, gritos, bocinas de camión y de barco ensordecían el ambiente. Así, casi nadie pudo escuchar la lectura del Manifiesto realizada por el profesor Sánchez Cervelló, de la Universidad Rovira y Virgili. Este profesor, en la plaza del Ayuntamiento, momentos antes de iniciarse la marcha unitaria, me enseñó los párrafos enteros del Manifiesto que no leería por ser reiterativos, inconsistentes y erráticos. Por ejemplo, tuvo que cambiar la fecha indicada como la del año del Plan de Estabilización que los autores del Manifiesto habían situado 9 años antes, en 1950.

Así acabaron algunos lábaros del sindicato del régimen, en la basura

Cuando al acabar la lectura del manifiesto, por unos altavoces situados en las columnas de la subdelegación del Gobierno, comenzó a sonar el canto de la internacional, numerosos manifestantes hicieron sonar sus silbatos para acallar la música mientras plegaban sus pancartas y, cabreados, daban por terminada su participación, cosa que hizo otro importante núcleo cuando sonaron las primeras estrofas del canto de Els Segadors, y creció el abucheo con gritos de “no hemos venido a un mitin político”, desapareciendo de una concentración que ya no reunía ni trescientas personas. Tan sólo iban quedando los liberados de CCOO y UGT que recogían pancartas y banderas repartidas entre los asistentes, mayoritariamente no afiliados a quienes se las habían entregado para que las enarbolasen durante la marcha y que éstos dejaban abandonadas en el suelo de la plaza. Pero, este social-oportunismo de una izquierda caduca, necesitada de consignas, que prefiere perder su hipotético prestigio antes que perder la subvención, no será capaz de sacar conclusión ni enseñanza alguna.

Un modelo sindical moribundo

Nada puede ser igual a partir del 8 de junio. El sindicalismo histórico ha desaparecido y no consigue mover a la gente en una huelga general. Su descrédito les ha llevado a una escasa capacidad de movilización. Si en anteriores convocatorias de huelga, habían conseguido falsificar la participación real con grandes manifestaciones e infinidad de piquetes que, salvo en las grandes empresas, no servían para impedir que en un buen número de las empresas de España se siguiera trabajando con las persianas bajadas y en otras miles más se recuperasen las horas pérdidas por la huelga en días posteriores.

Méndez y Corbacho embelesados por las subvenciones en juego"

Ahora, se ha plasmado el fracaso del modelo sindical español implantado en la transición: unos sindicatos incapaces de defender a los trabajadores de los múltiples ataques del PSOE a sus derechos y condiciones de trabajo. Es la culminación del fracaso de querer trasplantar el modelo de representación política al mundo sindical. Las ideologías periclitadas y la corrupción han hundido aquel movimiento obrero en España, que fue la punta de lanza en la lucha antifranquista y que mostró una enorme capacidad de sacrificio.

Este sindicalismo de representación, de despachos enmoquetados que anulan su reivindicación y beligerancia por más pancartas que sostengan sus dirigentes y sus liberados, se encuentra financiado en un 90% por el dinero público. Un sindicalismo basado en dilatados procesos de elecciones sindicales que supone enfrentar y dividir a los sindicatos entre sí, ya que se vota por listas; es decir, sindicatos y no por personas. Sin delegados del personal, el sindicato se juega liberados y subvenciones y su participación en los consejos de administración de empresas públicas, de Institutos o de la Administración Pública. Una lucha feroz por conseguir parte de un botín de cientos de millones de euros. Los sindicatos convocan las elecciones en las empresas e instituciones, o, en su caso, se realizan por acuerdo mayoritario de los trabajadores de las empresas. Los sindicatos no suelen hacer asco a las listas que les confeccionan miles de empresarios, o los delegados políticos en la Administración Pública, para que las presenten con sus siglas. En el proceso de cómputo de resultados suelen existir miles de denuncias por parte de los sindicatos o de las candidaturas que han sido perjudicados por la componenda entre mayoritarios y patronal, quienes, a su vez, son juez y parte en las comisiones de Arbitraje. Así tenemos que sindicatos con pareja afiliación entre los trabajadores de una empresa, unos obtienen representación y a los otros se les anula votos, obtienen pocos delegados o ninguno.

Un sindicalismo de representación absolutamente atomizado que solamente muestra unidad en sentido negativo, frente a un imaginado enemigo común, que se pavonea de intransigencia doctrinal, con una demagogia que le conduce a un inmenso desorden y a la incoherencia operativa, y que es incapaz de analizar su desunión, el desánimo de los trabajadores y muchos menos sus propios errores. Al preferir las subvenciones que sustituyen la falta de afiliación, se imposibilita su presente y se ennegrece mucho más su futuro.

Este 8 de Junio nos ha de determinar a los trabajadores conscientes -activos, desempleados y pasivos- a abandonar a una dirigencia sindical corrupta, cuya actividad está dirigida, casi exclusivamente a conservar su modus vivendi y a convertir el sindicalismo en una patética legión. De las cenizas de este sindicalismo inútil que responde a criterios ideológicos ajenos a los intereses globales de los trabajadores y que no representa ni a sus propios afiliados, hemos de levantar un movimiento sindical no sectario y libre de toda ingerencia ajena al mundo del trabajo. Solamente unos Sindicatos enteramente Libres, fundamentados en la afiliación y en sus cuotas, en las secciones sindicales de empresa, capaces de organizar una Caja de Resistencia y Solidaridad, que les permita una Acción Sindical orientada a defender los intereses de los trabajadores, no los de aquellos partidos políticos que los utilizan como taburete para ascender, pueden hacer surgir un nuevo movimiento de defensa de todos los trabajadores, de sus puestos y condiciones de trabajo, de su seguridad en el trabajo, y con capacidad para su participación fuera de las empresas e instituciones. Un sindicalismo que sea capaz de extender la solidaridad universal.

De este conflicto, debemos extraer una conclusión: son los trabajadores quienes han de decidir hacer una huelga o no hacerla, y que ésta no se les ha de imponer por decreto de los secretarios generales de dos sindicatos. Si no se tienen claro conceptos tan elementales, que personajes como Méndez y Toxo no esperen otro grito, convertido en unánime clamor: ¡dimisión!

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8-J, contra la impostura política y sindical

El planteamiento de la huelga contra el Zapatazo es la culminación de la impostura de la izquierda política y de la oligarquía sindical. Ni los dirigentes del PSOE, ni el resto que se intitula de izquierdas, ni la dirigencia de CCOO y UGT han dicho verdad sobre la función pública. Sin preguntar a nadie decretan una huelga de funcionarios, que plantean como preámbulo de una huelga general concebida como maniobra de distracción masiva para introducir de soslayo, en verano y coincidiendo con el mundial de Fútbol, la reforma laboral. Otro contubernio más de gobierno, patronal y sindicatos del régimen.

"¡Cómo se la hemos colado a los funcionarios, a los pensionistas, a los parados, a las madres y a las personas dependientes! ¡Y lo que nos vamos a ahorrar con la huelga del 8-J!"

Acumulan mentira sobre mentira. Mentiras de un aparato socialista que lo invade todo y que utiliza el Estado con fines partidistas y sectarios. Mentiras de unos sindicatos que días antes de preparar todas estas movidas reciben trescientos millones de euros para “gastillos”. Recordemos que Cándido Méndez cena, habitualmente, los viernes con Rodrígiez Zapatero en Moncloa. Mentiras que son continuos globos sonda para valorar el estado de ánimo de la sociedad española, para desfogarla con huelgas y manifestaciones, para cansarla con las componendas secretas de “gobiernos y interlocutores sociales” que exigen sacrificios cuando ellos no reparan en gasto alguno con el dinero de todos. Tras cada una de estas maniobras, miles de trabajadores honrados que sí dan la cara en el lugar de trabajo se alejan asqueados de los tejemanejes sindicales.

El 12 de mayo, ZP anunció drásticas medidas para reducir en 15.000 millones de euros el déficit público. Entre otros recortes, destacan éstos: funcionarios (3.000 millones en el segundo semestre 2010 y 7.000 millones en 2011), embarazadas pendientes del cheque bebé (1.200 millones), pensionistas (1.500 millones), personas dependientes (670 millones), ONG,s (600 millones), Farmacias (1.350 millones), I+D (600 millones), inversión pública estatal (6.045 millones), Comunidades Autónomas y Entidades Locales (1.200 millones).

"Un triste Zapatero presenta su decretazo"

Ese mismo día del anuncio de rebaja de sueldos de los funcionarios en 2010, y de su congelación salarial en 2011, en el Congreso de los Diputados, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba ayudas y subvenciones en 2010 por un importe de 10.491.900 euros, que se detallan así: 800.000 euros para la elaboración de planes de igualdad en pymes y otras entidades; 6.789.340 euros para ayudas a la danza, lírica y música; 2.902.560 euros de subvención para desarrollar programas innovadores para integrar inmigrantes en municipios, mancomunidades y comarcas.

El día 14 de mayo en su entrevista con CCOO y UGT, Rodríguez Zapatero, tras dos horas y media, no conseguía convencer a los sindicatos de la idoneidad de sus medidas para reducir el déficit. En la posterior rueda de prensa, Méndez (UGT) y Toxo (CCOO), decretan la huelga de los funcionarios para el dos de Junio en una convocatoria conjunta, más tarde pospuesta al día 8 de junio.

Posteriormente, el gobierno convalidó en el Congreso su Decretazo, por un voto y gracias a la abstención de CiU, CC y UPN. Gobierno y CCAA arremeterán para bajar el sueldo a sus funcionarios y subir impuestos como los de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados o los de matriculación de vehículos más contaminantes. Poco de simplificar realmente la administración pública, de reducir ministerios y consejerías, de eliminar servicios duplicados, de reformar sistemas hipertrofiados excesivamente gerenciales y burocratizados que generan gastos absurdos. Nada de fórmulas para reactivar la economía, incentivar sectores productivos o favorecer intercambios comerciales.

¿Tenía política social Rodríguez Zapatero?

Con su política de despifarro, José Luís Rodríguez Zapatero ha hipotecado el futuro de todos los españoles. En resumen, entre sus mentiras e improvisaciones, además de fomentar el odio y la división entre los españoles, ha sido incapaz de afrontar la burbuja especulativa con su gran y dosificada política de:
- Eliminación de la deducción fiscal por compra de vivienda.
- Recorte de las pensiones de nuevos jubilados desde 2010.
- Subida del IVA al 18%.
- Rebaja de la tributación de los banqueros del 43,5 al 18%.
- Blindaje de las pensiones de diputados y senadores, incluso si no salen reelegidos, y seguro privado de pensiones complementario pagado por el Congreso.
- Creación de las SOCIMI como ventajoso mecanismo fiscal para los grandes capitales.
- Un absurdo plan E para mantener una actividad económica ficticia, que no ha servido para nada.
- Asaltar el bolsillo de funcionarios, jubilados, madres y dependientes.
- Recortar las inversiones públicas.
- Duplicar las competencias entre las administraciones.
- Practicar el Laissez-faire, laissez passer, con el mercado negro y la piratería.
- Pagar cifras astronómicas por Informes falsos redactados por amigos y organizaciones afines.
- Hacer la vista gorda ante la evasión de capitales y los paraísos fiscales.
- No molestar ni perjudicar la economía sumergida.

Funcionarios, otro chivo expiatorio de ese izquierdismo neoliberal

Como siempre, los funcionarios vuelven a ser el gran chivo expiatorio de una izquierda trasnochada que desconoce, incluso, el número de funcionarios existentes en este país. La Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato con Caja de Resistencia y Solidaridad, ha analizado la situación con claridad:
1.- La situación económica es crítica y se ha generado principalmente en los mercados inversores e inmobiliarios, donde algunos, incluidas algunas Administraciones Públicas, se han llenado los bolsillos y, de forma imprudente y alocada, han derrochado los beneficios en obras innecesarias y eventos festivos. En cualquier población española se ha multiplicado el cierre de industrias y comercios. Crueles datos económicos (EPA, Paro registrado, deslocalizaciones, cierres, etc.), ante los cuales el Gobierno se ha enrocado con temas como Garzón, elecciones, aborto, etc.
2.- La poca rigurosidad con que, en general, se trata la evolución del sector público en Europa desde sectores políticos, mediáticos y económicos, que presentan a los empleados públicos como culpables de la crisis. El problema no es la cantidad de trabajadores, sino la calidad y cantidad de los Servicios Públicos que se prestan a los ciudadanos (sanidad, enseñanza, seguridad, pensiones, limpieza pública, etc.)
3.- Conviene aclarar la realidad del Sector Público Español.
A.- En el Registro Central de Personal constan todas las personas consideradas como empleados públicos (incluyendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; y las fuerzas armadas, el personal de emergencias, el sanitario, el docente y el social), que en el mes de mayo eran un total de 2.636.900 empleados públicos, que se contraponen a los muestreos de la EPA que elevan éstos a 3.200.000 de personas, cifra ésta que es aireada en tertulias y medios de comunicación.
B.- Teniendo en cuenta los empleados de todas las Administraciones Públicas (Central, Autonómica y Local), el ratio empleado público/habitante es en España (1/23), es idéntico a Alemania, y similar a Francia (1/25), sin contar a los Países Nórdicos con una ratio muy superior.
B.- El coste salarial medio en las Administraciones Públicas, está por detrás de la Industria, Construcción y Servicios. La subida para este año en la Administración era del 0,3%, cuando el IPC interanual se situaba en el 1,4 %, lo que supone una reducción de salario un año más.
C.- El 25% de los empleados públicos no llegan a cobrar mil euros mensuales. Un 65% perciben unas nóminas entre 1.100 y 1.300 euros al mes. Un 15% superan los 1.500 euros al mes. En la actualidad, existen administraciones que adeudan mensualidades a sus trabajadores.
D.- Cuando el gobierno justifica el recorte salarial a los funcionarios en que éstos tienen un trabajo fijo y de por vida, olvida decir que un gran número de los trabajadores públicos tienen contratos temporales y precarios.
4.- USO propone, entre otras, medidas para el ahorro económico en las Administraciones Públicas:
- Reducción de Sueldos de los cargos políticos,
- Reducción del 50% de altos cargos y limitar sus retribuciones,
- Eliminación de Planes Privados de Pensiones y su integración en el sistema público,
- Recortar el gasto corriente en las AA.PP.,
- Utilización del Software libre en las AA.PP (reduciendo el gasto actual en cientos de millones de euros).

Propuestas ciudadanas

Un Rodríguez Zapatero, sectario y nepótico, auxiliado por IU, ERC, BNG y otros nacionalismos identitarios, contempla como infinidad de voces, y de cartas en los medios de comunicación, le exigen:
- Que deje de endeudar al país hasta límites tan insoportables como el del 171% del PIB.
- Que deje caer a quien ha desestabilizado la economía: la banca y las entidades financieras. Ni FAAF ni FROB, ni utilización de las reservas del Banco de España para la compra de activos bancarios.
- Que se minore sustancialmente el sueldo de todos los Cargos Políticos electos y de los Cargos Públicos de libre designación, y que se prohíba percibir más de un sueldo público, incluso si se pertenece a Consejos de Administración de empresas públicas.
- Que se procese a los políticos que hayan incurrido en delitos en el ejercicio de su poder.
- Que se acabe la financiación pública de los partidos políticos y que éstos devuelvan todos los créditos concedidos para sus campañas electorales y para el mantenimiento de sus estructuras, evitando así que todos los españoles acabemos pagando sus dispendios partidistas.
- Que el cargo de diputado tribute por el IRPF, como todos los españoles, y que genere su derecho a pensión en las mismas condiciones que el resto de los españoles. Lo mismo para los miembros del gobierno.
- Que se reduzcan drásticamente Ministerios, Autonomías, Diputaciones provinciales e instituciones y se eliminen los inservibles e innecesarios, como el de Igualdad o Vivienda; así, también, que se eliminen aquellas empresas públicas ineficientes, como la Sociedad Pública del Alquiler. Que se reduzca el número de consejeros y asesores de todo tipo a sueldo del Sistema.
- Que se supriman la edición de miles de publicaciones de exclusivo contenido político, que no tienen carácter técnico alguno, de todos los Ministerios, Consejerías, Ayuntamientos e Instituciones. Y que se reduzca la propaganda institucional y las suscripciones oficiales a publicaciones privadas eliminando también las subvenciones públicas que reciben las publicaciones periódicas.
- Que se persiga el fraude fiscal de las grandes fortunas.
- Que se eliminen las subvenciones a los sindicatos del Sistema: UGT y CCOO, así como a las organizaciones empresariales, para que sindicatos y patronales se financien exclusivamente con las cuotas de sus afiliados.
- Que se eliminen las subvenciones a ONGs por servicios que ya prestan las Instituciones públicas, tales como asistencia jurídica gratuita.
- Que se termine con el despilfarro de las cadenas de televisión públicas, sean nacionales, autonómicas o locales.
- Que se limiten los gastos de las políticas lingüísticas discriminatorias de los nacionalistas.
- Que se retiren las subvenciones a la absurda “Alianza de Civilizaciones”, a las políticas de género y a entidades, asociaciones y fundaciones a su servicio.
- Que se eliminen las subvenciones y favores políticos a la SGAE y a todo su entramado de asociaciones privadas, que en cualquier caso deberían financiarse con las aportaciones privadas de sus socios y patrocinadores.
- Que la sanidad pública no tenga que financiar obligatoriamente las costosas ocurrencias que plantee cualquier tipo de colectivo.
- Que se deje de subvencionar, por afinidad política, a cineastas, escritores, músicos o artistas.
- Que se devuelva la Independencia al Poder Judicial.
- Que se congele cualquier aumento del IVA, hasta que no se haya superado la actual crisis.

Una solidaridad desigual

Trabajar en una empresa, poco importa su nombre o tamaño, puede ser el resultado de una coincidencia o una oportunidad. Una cuestión que no impide a los trabajadores protestar cuando se les trata de reducir o congelar sus sueldos. En la actual situación de casi cinco millones de parados, en su huida hacia adelante, el gobierno Rodríguez Zapatero alienta el odio de estas personas y de una parte de la sociedad, y lo focaliza hacia los funcionarios por tener un trabajo “fijo y de por vida”. Con tal simpleza mental, Zapatero determina que éstos son los culpables de la crisis y de la pérdida del empleo del resto de los trabajadores. Por ello, a la profesión de funcionario se la vilipendia y desprecia en el contexto de una campaña que trata de negar toda adhesión popular, toda muestra de solidaridad, para posibilitar la rebaja de sus sueldos.

Zapatero y su cohorte olvidan que ser funcionario no es un trabajo casual, sino que dicha elección implica pasar, previamente, por una serie de filtros. El ser funcionario está abierto a todos los españoles que reúnan los requisitos marcados por la ley. Técnicos, gestores, administrativos, ordenanzas, jueces, médicos de SS, inspectores de sanidad, de hacienda, policías, bomberos han de esperar a que se convoquen plazas, han de realizar largas jornadas de estudio durante meses o años hasta llegar a enfrentarse a duros exámenes eliminatorios en competencia con miles de candidatos. Aprobadas las pruebas, no siempre se consigue plaza. Obtenida ésta, habitualmente, habrán de pasar un tiempo en escuelas de formación y volver a superar pruebas antes de ejecutar sus tareas específicas. Unas funciones que les obligarán a actuar secundum legem e, incluso, a desarrollar sus tareas a pesar de gobiernos, consejeros, alcaldes y políticos. Son funcionarios quienes evitan, casi a diario, que gobiernos, consejeros, alcaldes y políticos expolien las instituciones que dirigen y las conduzcan a situaciones de quiebra fraudulenta.

Son funcionarios, aquellas personas que se tenían que conformar con incrementos del 0,3%, del 1% o del 2 %,, y que, ni coyunturalmente, participarán de las alegrías de políticos, empresarios –pequeños, medianos o gigantescos-, banqueros y especuladores financieros, arquitectos, promotores y agentes inmobiliarios cuando éstos incrementan sus remuneraciones en un 500 o en un 20%; cuando un encofrador o un albañil triplicaba el sueldo de un Técnico de la Administración; cuando un policía o un bombero se juega la vida por menos de 1.500 euros, sin ser nunca partícipe de tales alegrías coyunturales.

El funcionario, emplazado ante un café cargado y un temario de oposiciones, ve como otros miles de jóvenes cuelgan estudios sólo atentos a un dinero rápido que les posibilita coches refulgentes y la última tecnología del mercado, sin plantearse ¿para qué estudiar?, ¿para qué invertir?, ¿para qué innovar? Mientras ellos están tema sobre tema, otros celebran sus ganancias entre risas, cubatas, rayas de coca y viajes de todo tipo.

Una euforia desmedida de muchos trabajadores no públicos que se beneficiaron del momento y llamaban “pringaos” a esos funcionarios que veían pasar de largo a las vacas gordas. Unos probos funcionarios que veían como billones de euros se iban en ayudas, subvenciones, compras de votos por 400 euros al mes y todo tipo de corruptelas, y que denunciaban muchas de ellas con el resultado de un permanente acoso sobre sus personas. Para compensar todo eso, de nuevo, el gobierno de Zapatero les exige una solidaridad, que nadie tuvo jamás con ellos.

En estos días, cuando algunos políticos y el entorno mediático neoliberal se muestran radiantes de placer por la reducción salarial a los funcionarios, quiero recordar a la ovetense Dolores Medio Estrada -premio Concha Espina de novela corta en 1945, premio Nadal en 1952 y premio Sésamo en 1963-, y su narrativa de carácter testimonial y de aroma melancólico, que en su novela, Funcionario Público (1956), narraba, de forma desgarrada, las penurias de Pablo Marín que, en un cuartucho junto a su mujer, malvivía con un sueldo mísero.

Propuesta de repulsa

Los funcionarios dependen de la ley de presupuestos, que es aprobada por determinados grupos políticos. Por ello, si las Cortes han convalidado un decreto injusto que invade y niega parcelas de negociación colectiva contradiciendo el Estatuto Básico del Empleado Público, piensan: ¿por qué me tienen que descontar un día más de sueldo? ¿Para qué Zapatero se pueda ahorrar unos cuantos millones de euros más y entregárselos a sus aduladores del sindicato de la Ceja?

"¡Cabe pensar algo distinto de quienes empobrecen a toda la sociedad!"

Los funcionarios, a quienes nadie ha consultado para decretar la huelga del día 8 de Junio, no se muestran conformes con regalar a Rodríguez Zapatero su sueldo de ese día, por más que se lo digan Cándido Méndez o Fernández Toxo, individuos a quien nadie les descontará un día de su sueldo, porque entre otras cosas no son funcionarios.

Como en todas las ocasiones anteriores, ante la jornada de huelga, y a fin de evitar el descuento de emolumentos en la nómina, unos acudirán al médico para que les extienda la baja, otros se acogerán a sus horas sindicales, otros tomarán un día de libre disposición, otros unos días de vacaciones, otros propondrán recuperar esas horas en días posteriores. Otros no participarán y a unos cuantos se les descontará la jornada de huelga de su nómina.

Como alternativa, algunos proponen mostrar la repulsa a las medidas de recorte en la calle, saliendo al exterior de los centros públicos, a las 11 de la mañana, aprovechando el tiempo de descanso para el bocadillo y permanecer unidos en su protesta para paralizar en ese tiempo los servicios de todas las Administraciones, al margen de los servicios mínimos, así como participar en las manifestaciones de protesta.

Todos los funcionarios sí pueden recordar qué grupos políticos han intervenido en su recorte salarial para 2010 y en su congelación de sueldos para el 2011, con toda la pérdida de poder adquisitivo que ello representa y el impacto en sus futuras pensiones. Es decir, acordarse de los responsables del desaguisado: el PSOE con su voto afirmativo, CiU, CC y UPN con su abstención.

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