Ofensiva contra la Iglesia Católica: (II) El IBI y la alianza social-comunista-atea-laicista y de otros colectivos exóticos

Seguro que, en más de una ocasión, han podido ver a uno o varios pobres pidiendo a la puerta de una iglesia, o acudiendo a una parroquia en busca de ayuda. Y estoy seguro que casi nunca habrán visto a un pobre a la puerta de un partido político, de un sindicato, de la patronal, del Congreso de Diputados o del Senado, de las Asambleas o Parlamentos autonómicos, de un ayuntamiento, de un banco, de una logia masónica o de las Fundaciones deportivas, culturales que existen en este país. Ningún necesitado se acerca por esos pagos por temor a que les puedan desamortizar –robar- sus escasas pertenencias o que los echen a patadas por afear el entorno de tales edificios.

Los mendigos no han cesado de aumentar en nuestras ciudades. Ahí están, por más que desviemos la vista hacia otro lugar

Si a la puerta de una iglesia te acercas a hablar con ellos, te lo agradecen y muestran su queja de que cada día son más personas a pedir mientras decrece el número de donantes. Algunos, cuando solicitan una ayuda, aclaran que no es para vino, opiáceos u otros vicios. Es tal el tamaño de la crisis y el clima de pesimismo, que si un necesitado espera recibir algo va a lo práctico, acude a la Iglesia hasta que pueda ver la luz al final del túnel, por más que el PSOE, IU o sus adláteres nacional-independentistas digan lo contrario. Intuyen que, para ver la luz, se ha de salir del déficit público, de la quiebra autonómica, del agujero financiero y del sometimiento a la prima del riesgo.

La actual campaña contra la Iglesia Católica se inscribe dentro de una oleada de desinformación para condicionar a la opinión pública. A base de falacias y mentiras se pretende crear la imagen de que la Iglesia goza de privilegios con la intención de no reconocerle su actividad de carácter altruista y sin ánimo de lucro. Ese ataque es una cuestión artificial planteada como uno de sus pilares electorales por parte de una izquierda caduca, pero mientras arrecian en sus ataques a la Iglesia, sacerdotes, religiosas y laicos continúan trabajando en silencio en su tarea de atender las necesidades de quienes pasan hambre a diario y se les ofrece alimentos en comedores sociales o mediante dotes semanales; de atender a todo tipo de necesitados, marginados y grupos en riesgo de exclusión social; de ofrecer formación a jóvenes conflictivos; de ofrecer cobijo y ayuda a los inmigrantes y de arroparlos como a personas; de procurar ayuda financiera en casos extremos; de las personas mayores durante las 24 horas del día como es el ejemplo de las Hermanitas de los Pobres y sus asilos, de asistencia en centros de infecciosos, de hospitales de sida o de leproserías. Una actuación religiosa, sanitaria, social, cultural y educativa de primer orden que cuenta con el apoyo de cientos de miles de voluntarios y de los más de once millones de personas que acuden semanalmente a Misa y que se configuran como los donantes particulares a esa ingente obra.

Una izquierda periclitada que utiliza sus juventudes como ariete en su ataque a la Iglesia Católica, de acuerdo con el proyecto de ingeniería social y de hundimiento de la Iglesia diseñado por Rodríguez Zapatero y Rubalcaba. El PSOE se parapeta en los videos y en las acciones de las Juventudes Socialistas para “terminar una situación de privilegio”. A este grupo de cínicos no les importa, ni muestran reparo alguno que, en los Ayuntamientos o CCAA que ellos controlan, las asistencias sociales deriven “a sus necesitados” hacia Caritas y otras iniciativas cristianas. En su hipocresía, determinarán que “la caridad y solidaridad son atributos individuales no de carácter público”.

He podido comprobar a lo largo de mi experiencia personal cómo las asistencias sociales de ayuntamientos socialistas se han limitado al pago de billete de tren a “sin techos” para enviarlos de Barcelona a Madrid o a Andalucía. También, he visto los golpes recibidos por estos transeúntes antes de ser depositados en un tren para que recuerden en qué poblaciones no han de volver en su vida. Recuerdo la negativa de éstos a ser llevados a un hospital para que les certificaran las lesiones y, posteriormente, poder presentar denuncia. Recuerdo su mirada de pavor y su deseo de huir de esa ciudad. En otras ocasiones, la única solución aportada a los necesitados por los servicios sociales de ayuntamientos progresistas ha sido remitirlos a Cáritas de la población para que fueran atendidos. He acompañado en múltiples ocasiones al sacerdote carlista Ángel Cuadrado a socorrer a estos humillados de la vida, muchos de los cuales recalaban en su piso de la calle Minería de Barcelona hasta que podían tomar un nuevo rumbo en sus vidas.

Los españoles atendidos por Cáritas suelen ser el 40% del total de su asistencia. En 2007, atendió a 400.000 españoles, en 2010 recibió 6,5 millones de peticiones de ayuda y en 2011 atendieron a un millón de españoles en situación precaria y extrema.

Para imponer su incultura de la muerte y del odio, esa izquierda hundida que se alimenta a golpe de subvención, no sabe ahora cómo salir de su propia embestida y trata de ver cómo puede recular, porque, de entre sus propias filas, les han salido respondones que no aceptan participar en la persecución a la Iglesia Católica. Socialistas como el alcalde de Lérida, Ángel Ros, o el alcalde de Tarragona, José Félix Ballesteros, se han opuesto públicamente a cobrar el IBI a la Iglesia. Sin embargo, el PSC en Tarragona, con su clásico oportunismo, se alinea con ICV para reclamar el pago del IBI a la Iglesia. El Alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha manifestado que “la Iglesia sólo tribute por sus actividades económicas y no por todos los inmuebles de su propiedad”.

El PSC para justificar el por qué no pagan el IBI de buena parte de sus propiedades alega que “Las formaciones políticas prestan un servicio a la democracia y a la sociedad”. Al final, el PSOE deja libertad de decisión a sus militantes.

En un nuevo intento de dividir a la sociedad, los socialistas de Rubalcaba y los Chaconistas y los comunistas más estalinistas han mostrado su irresponsabilidad y falta de seriedad. Ahora, parece ser que todavía no se han dado cuenta que de los inmuebles exentos del pago del IBI en España solamente el 5% pertenecen a la Iglesia. Saben que el meterse con la Iglesia les sale gratis y, al mismo tiempo, les sirve para hacer desviar la mirada de la sociedad hacia sus continuos desmanes y para que sean pocos quienes se den cuenta que no tienen claridad alguna de ideas ni argumentos consistentes para gobernar un Estado.

También, el radicalismo mostró su obsesion contra la Iglesia con esta pintada en la barcelonesa iglesia de San Joan

Flaca memoria de un PSOE que, en 2006, se jactaba del dinero público que entregaba a la Iglesia para sostener al Clero (144.242.904 €), que ya entonces no representaba ni la décima parte de lo que aportaba el trabajo de la Iglesia al Estado. Cuando en 2007, suprime la dotación a la Iglesia, las aportaciones voluntarias por IRPF pasan del 0,52% al 0,7%.

Una memoria débil para tan larga historia de hostigamiento a la Iglesia y para las actuales campañas permanentes de ataque a los representantes de la Iglesia y a los creyentes. A cada dificultad financiera del Estado, se acaba arremetiendo contra la Iglesia. En 1768, la reforma de Olavide expulsó a los jesuitas y confiscó sus bienes. La desamortización de Godoy, antes de la Guerra de la Independencia, confiscó entidades eclesiales como hospitales, hospicios, casas de misericordia y cofradías. En 1808, José Bonaparte confiscaba bienes eclesiales. Las Cortes de Cádiz, en 1823, decretaron la reducción del número de monasterios y conventos a un tercio de los existentes. La desamortización de Mendizábal, entre 1834 y 1854, confiscó todas las propiedades de monjes y frailes y parte de las del clero secular. Pero, Pascual Madoz, en 1855, realizó la más completa desamortización de bienes del clero, tanto regular como secular.

La consecuencia de las desamortizaciones fue el enriquecimiento de la burguesía urbana y rural. Hoy, parece ser más eficaz que las confiscaciones y expropiaciones las amenazas continuas de dificultar la financiación de la Iglesia. Veamos algunas de ellas: El arquitecto Oriol Bohigas, ex concejal y asesor del alcalde socialista de Barcelona, en mayo de 2002, pedía “que la Sagrada Familia sea el vestíbulo de la estación del Tren de Alta Velocidad”. En 2003, el Ayuntamiento de Córdoba, al mando de IU, quería expropiar un huerto a un convento de mojas carmelitas y se encontró con la protesta de más de 40.000 firmas y una oleada de correos electrónicos y tuvo que paralizar la medida.

En el ataque contra las carmelitas descalzas, le secundó el Ayuntamiento socialista de León en 2004, que frenó su intento ante la protesta ciudadana. El 4 de mayo de 2004, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, declaró la intención del gobierno de revisar la financiación de la Iglesia y de reformar el Acuerdo de 1979 entre la Santa Sede y el Estado por anticonstitucional. Días después, el 22 de julio, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunciaba que la financiación de la Iglesia “tendrá que acabarse algún día”. El día anterior a los Inocentes, el 27 de diciembre de 2004, uno de los portavoces del tripartito catalán, el comunista Joan Boada (ICV-EUiA), a través del Diari de Girona, pedía “una confiscación y posterior socialización de los bienes de la Iglesia”.

En 2005, el Ayuntamiento socialista de Esplugues del Llobregat, acosaba a un monasterio de dominicas amenazándolas con desahucios y expropiaciones que tuvo que bloquear ante la presión ciudadana.

Los ataques a Iglesias representan una parte importante del deterioro del patrimonio histórico y artístico de España, como esta decapitación de imágenes de la Catedral de Burgos

Ahora, el PSOE vuelve a la carga con la denuncia del Concordato con la Santa Sede que él no hizo a pesar de gobernar en España durante 20 años. Una acometida que tiene su núcleo en la falsa información sobre los Presupuestos del Estado, ya que la Iglesia ni se nutre de ellos ni de las ayudas que le da el Estado.

La Iglesia no tiene ningún privilegio en la cuestión del IBI: la Iglesia, como las ONG, sindicatos, partidos, embajadas, instituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos, federaciones deportivas o asociaciones de utilidad pública, no paga IBI, ninguna lo paga. Donde tiene una protección derivada de los acuerdos con la Santa Sede es en los centros de carácter parroquial, no en instituciones lucrativas como tienen muchas comunidades de monjita para sobrevivir con la elaboración de pastas, que sí liquidan los impuestos correspondientes.

Qué pretende la financiación de la Iglesia:
1.- Sustento digno del Clero por parte de las Diócesis, para que se pueda dedicar a su misión pastoral y no tenga que realizar actividades ajenas para su sustento.
2.- El Estado recauda para la Iglesia, a través de la X en la casilla de la declaración, las aportaciones voluntarias de los contribuyentes, y no destina ninguna cantidad fija de los presupuestos generales desde el 2007.
3.- En cada ejercicio aumenta el número de personas que marcan la X, si bien el importe destinado desciende por la propia realidad de la crisis.
4.- Muchos de los sacerdotes jóvenes, por vocación al servicio de Dios, han renunciado a una profesión anterior bien remunerada por otra que no tiene horario y cuya jornada se extiende a lo largo de las 24 horas del día.
5.- Los feligreses quieren que el sacerdote esté disponible, que viva en condiciones dignas y que llegue a tiempo a los sitios, por lo que el sacerdote con su sueldo se compra el coche, paga la gasolina, el seguro, las revisiones y el mantenimiento.

Y recordar que, por ejemplo, el 90% de los gastos del PSOE y de la UGT lo pagamos todos los españoles, no sus afiliados que no llegan ni a cubrir el 10%. No pagan el IBI, ni el de sus empresas, fundaciones y otras asociaciones de las que disponen. Eso sí, todos los españoles les pagamos el 90% del coste real del mantenimiento de sus sedes, las facturas del despilfarro de sus viajes, banquetes y actos públicos, la parafernalia de unas organizaciones de las que nadie sabe el número de sus empleados, la cifra real de sus colaboradores, ni sus sueldos ni sus honorarios. Eso sí, ya se sabe lo que cuestan los liberados sindicales a las empresas de este país, la cifra de 1.815 millones de euros anuales. Y aquí funciona de nuevo la conspiración del silencio.