3/9/13

El Hospital de Sant Pau, otro culebrón más de la sanidad catalana

En Barcelona, viví un tiempo a menos de cincuenta metros del Hospital de Sant Pau. Entonces parecía un recinto esplendoroso cuyo tejido, aún, no había sido desgarrado por las zarpas de la sanidad pujolista. Ni las fauces de la sanidad nacionalista habían ingerido esos miles de millones volatilizados en ese visto y no visto que dura dos largas décadas.

Fachada del nuevo Hospital de Sant Pau de Barcelona, construido con el clásico sobrecoste, tan propio de la sanidad catalana

La dimisión en bloque del patronato, en junio de 2013, desató la crisis de gestión que condujo al nombramiento de nuevos miembros. Una crisis económica que, en sólo dos años, ha acumulado más de 57 millones de euros de pérdidas. La denuncia del Comité de Empresa que ha llevado a la imputación de casi todos los gerentes desde el 2000 al 2011 por parte del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona.

El juez Juan Emilio Vila Mayo, mediante auto del 23 de marzo había vuelto a solicitar la contabilidad a la Fundació Privada i a la Fundació de Gestió, tras recibir una notificación de los peritos que aseguraba que faltaba documentación y que el formato de los libros de contabilidad presentados imposibilitaba su análisis. En dicho auto, se solicitaba un formato que sea fácil de volcar, así como el cuadro de cuentas que utilizaban en la contabilidad y el libro mayor con el detalle de las operaciones reseñadas por cuentas.

Ahora, a 1 de septiembre de 2013, la infinidad de irregulares ha sido constatada por la investigación de la Guardia Civil. Las pesquisas afectan, especialmente, a miembros del PSC. Dispendio de dinero a favor de altos cargos por salarios no justificados, ocultación de irregularidades en las auditorías, contratos ficticios, relación patrimonial entre las tres fundaciones que se integran en la institución, y el saco sin fondo del sobrecoste del nuevo hospital.

En esta fotografía de El País, el pluriempleado Ricard Gutiérrez Martí, ex gerente adjunto del Hospital de Sant Pau de Barcelona, y uno de los imputados por el juez

La denuncia de la Asociación Profesional de Enfermería (API) llevó al Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil a informar al Juez que el Hospital de Sant Pau firmó contratos ficticios a las siguientes personas:
• al socialista Ricard Gutiérrez Martí, impuesto por el teniente alcalde socialista Xavier Casas como ex gerente adjunto, función ejecutiva que ejerció de 2001 a principios de 2004, pero continuó percibiendo un salario de 130.000 euros anuales durante siete años sin trabajar ya en el mismo. En ese tiempo ejercía funciones de docencia y de dirección de un máster en la Fundación Doctor Robert, y entre 2004 y 2012 cobró una media de 30.000 euros brutos anuales por una actividad de 40 o 50 horas mensuales. Como el gobierno tripartito (PSC-ERC-ICV) le nombró en 2004 miembro del patronato del Hospital, según la ley catalana de fundaciones no podía cobrar un sueldo de la misma institución que debía de controlar. Por lo que fue despedido del Hospital en mayo de 2011, reingresando en su plaza de inspector médico del Instituto Catalán de la Salud (ICS), que le retribuyó por la mitad de lo que cobraba en Sant Pau. Sin embargo, en el ejercicio de 2011 se engulló más de 370.000 euros, que desglosamos: 158.000 euros por indemnización por despido del Hospital de Sant Pau y otros 46.000 € más del mismo Hospital, 60.000 € del Consejo General del Colegio de Médicos, 13.000 € del Colegio de Médicos de Barcelona, 49.000 € de la Fundación Doctor Robert, 34.000 € del ICS, 3.200 € de la Universitat Autónoma de Barcelona. También cobró de diversas sociedades vinculadas a todas ellas y de la Universitat Pompeu Fabra. Por supuesto, las retribuciones de Gutiérrez Martí no constaron en los informes de auditoría, pero este imputado sostuvo ante los investigadoes que siempre cumplió con el “objeto del contrato y que cobraba doble por gestionar la cátedra del Sant Pau y por dirigir el máster de la Fundación Doctor Robert.
• José Ignacio Cuervo Argudin, concejal socialista de Barcelona y ex delegado de la Generalitat en Madrid hasta 2010, en que ocupará plaza de inspector médico del ICS en el Hospital Vall d’Hebrón, si bien, a los dos meses de ser relevado de su cargo en la capital de España, en enero de 2011 llegará al Hospital de Sant Pau para colaborar en el despliegue de su campus de excelencia y de un nuevo instituto de investigación. Así que realizando un único trabajo percibía dos sueldos: el de Sant Pau y el del ICS. El conflicto laboral del Hospital hizo que, en junio de 2011, obligó a rescindirle el contrato, pero le siguió pagando “como autónomo” a través de su fundación patrimonial la cantidad de 49.900 € anuales por trabajar dos días a la semana. En mayo de 2012, Cuervo declaró a El País que sí hizo el trabajo, pero que, por las circunstancias, ”fue un error firmar ese contrato”. Este personaje en dos artículos en ese mismo diario expresaba que “ningún cambio sin consenso” e “incremento del gasto ¿para qué? En su tiempo de delegado en Madrid declaró que: "Soy de la vertiente clandestina de la política, no me gusta salir".
• y a María Mercè Cruells, contratada como facultativa colaboradora en el Hospital de Sant Pau, y ex directora de Atención Ciudadana del Departamento de Salud del que era consejera Marina Geli, destacada miembro del sector separatista del PSC.

El presunto delito de malversación ha sido ampliado a otras cinco personas, responsables de esos contratos. Los cinco que han declarado como imputados han sido los ex gerentes Joaquim Esperalba y Jordi Varela; el director de recursos humanos, Felipe Carbajo; el ex director general, Josep Grau Reinés y el director gerente Jordi Bachs.

El último govern de Pujol le regaló a la fundación de Sant Pau la nada despreciable cantidad de 300 millones de euros.

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