13/10/15

27-S. El post cachondeo.(II) Artur Mas, ¿mártir por saltarse la ley y las sentencias?

La imputación de Artur Mas y de dos mozas de su gobierno ha servido para un nuevo montaje, otro más, de la bandería convergente. Otra maniobra de distracción perfectamente orquestada para que los medios de régimen soliviantaran a la población en el intento de salvar a Artur Mas y de resucitar su figura política, convirtiéndole en un mártir.

Artur Mas, un mártir prefabricado, que se verá arropado en su paseo hacia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por una comisión de totalitarios encabezada por Ada Colau, y los líderes de UGT (Josep María Álvarez) y Joan Carles Gallego (CC.OO). En el envite, todos estos se juegan una auténtica pasta gansa, muchas ayudas y subvenciones andan en juego

Un mártir prefabricado por los medios y por el que suspira un independentismo necesitado de cerrar filas en estos momentos para acceder al control absoluto de la Generalitat. Y que mejor mártir que un presidente de la Generalitat en funciones que sea juzgado, procesado y encarcelado. El independentismo necesita de todo eso para salvar al soldado Mas, loado como el Gran Timonel, y para doblegar los votos suficientes de la CUP en aras del “prusés”. En esa línea de salvar “el prusés”, durante las anteriores legislaturas, el teórico jefe de la oposición, Oriol Junqueras, siempre votó a favor de Mas, y, ahora, ambos, pretenden que la CUP haga lo mismo.

Como veremos, fue la propia CDC la que montó la campaña de la supuesta persecución política de Artur Mas con la excusa de que se quería impedir su acceso a la presidencia de la Generalitat. Pero, la cuestión se les fue de las manos cuando el 1 de octubre se publicó que, desde hacía más de dos semanas, en plena campaña electoral, Artur Mas había pedido declarar ante el Juez.

Citados como imputados

Artur Mas ha sido citado como imputado el día 15 de Octubre. Dos días antes, declararon la ex vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau. Y el lunes 19 de octubre, de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía, acudirán a declarar cinco testigos. Se trata de determinar la comisión de posibles delitos.

Irene Rigau acude a declarar ante el TSJC, arropada por su bandería totalitaria, tal y como ya hicieran tiempo atrás con Oriol Pujol Ferrusola. ¡Atención, esta gente va en serio! ¡Vigilen, pues, sus carteras... de obras y servicios!

Haremos una breve historia de estas citaciones, que poco tiene que ver con lo expuesto por los medios del régimen.

El 30 de julio, de manera informal, Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau pidieron que no se les citara antes de la contienda electoral del 27-S para no interferir en la votación y el instructor, Joan Manel Abril Campoy, aceptó su petición. Pero, al iniciarse la campaña, los abogados de Mas pidieron que su representado fuera citado a declarar y que esa comparecencia tuviera lugar antes de que lo hicieran los testigos previstos, argumentando que era para “hacer valer el derecho de defensa de los imputados”. Petición recibida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en plena campaña electoral, cuando ya habían declarado cuatro personas.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como imputado al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, en la causa abierta por la querella por el ilícito penal de la desobediencia por convocar la consulta alternativa del 9N. En ese 15 de Octubre, en que se cumple el 75º Aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, se le informará de la denuncia de la Fiscalía y se le pedirá su versión de los hechos. Una fecha de citación que el Consejo General del Poder Judicial no han entendido como una casualidad sino como una decisión adrede.

Para la Fiscalía los hechos acontecidos son claros: Mas, su “govern dels millors”, otros partidos y entidades soberanistas convocaron un referéndum. Recurrida la convocatoria por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional, éste prohibió hacerlo por no adecuarse a la Constitución Española. Aún así, Artur Mas siguió adelante con su “Butifarréndum” y a su disposición puso medios y recursos públicos, a pesar de que el simulacro no tuvo las mínimas garantías y que las votaciones se realizaron durante quince días. Muchas personas votaron varias veces y, además, votaron menores de edad y extranjeros sin derecho a voto.

La fiscalía recurrió, la judicatura admitió a trámite, y, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputa a Mas, a la Vicepresidenta del “govern” en aquel momento, Joan Ortega, y a la Consejera de Educación, Irene Rigau, por ceder centros de enseñanza públicos para la realización de esa pantomima. ¿Todo democrático o no? ¿En democracia, una autoridad pública puede saltarse la Ley y la prohibición expresa del Tribunal Constitucional y que no le pase nada?

Hasta la fecha, estar imputado, por sí mismo, no concede aureola alguna de mártir.

No ha de extrañar, pues, que las dudas crezcan. ¿Se hará Justicia? ¿Les faltará valor a los jueces para llegar al final con la sanción penal? ¿Se perseguirá al Moisés independentista? ¿Se pasteleará, aun más, para convertirlo en mártir? ¿Lo condenarán por el bien del “prusés”? ¿Rezarán los coreógrafos del “prusés” para que llueva el día 15 de octubre y poder llevar paraguas ante la explanada del Tribunal y aparentar que está llena de sus abducidos fieles? ¿Los más forofos de Artur Mas pedirán que lo fusilen para poder elevarlo a los altares y sacar tajada de ese hecho?

Han aprovechado la imputación de Artur Mas por el 9-N para lanzar las campanas al vuelo. Mas se considera un corcho flotando entre los restos del naufragio y ha de aprovechar su imputación para presentarse como un insumiso de las leyes del Estado ante los diputados de la CUP y tratar de sacar adelante su investidura.

¿La Casta unida para arropar a los imputados?

Estas declaraciones ante el juez acabarán de aportarnos más información sobre esa casta enfurecida que es, hoy en día, el nacionalismo catalán. La casta que, en la defensa férrea de sus privilegios, ha arruinado Cataluña como un instrumento más para retener el poder.

La casta nacionalista es diferente al resto de los ciudadanos catalanes, porque a ellos se les consienten cosas como:
• Declarar once meses después de la comisión de posibles delitos y hacerlo ante un juez, que resulta ser un abogado puesto por CDC.
• Declarar en la fecha que mejor les va y hacerla coincidir con un evento independentista como el aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, uno de los peores gobernantes que ha tenido Cataluña.
• Declarar acompañados de todos sus coleguillas y siendo escoltados en su recorrido por los Mossos d’Esquadra. Unos coleguillas a quienes se les permite concentrar a la entrada del Tribunal de Justicia con el objetivo de amedrentar a la Judicatura.

Desplazados de toda Cataluña a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿para amedrentar al mismo juez que ellos sentaron en el Tribunal?

“Aprovechateguis” y “llepasubvens” diversos con muchas horas de vuelo político y escasas horas de trabajo real a sus espaldas. ¿No tenía que trabajar ninguno de los fotogénicos? ¿Han sido autorizados a abandonar su puesto para montar el numerito? ¡Todos a defender el chiringuito independentista! ¡Una patética Marina Geli, de rojeras, con la mano sobre su corazón! También, Romeva, Rull, Turull y la Rovira, José Luís Franco Rabell, el delegado de Pablo Iglesias, Miquel Roca y Espadaler. ¿Qué hace el catabatasuno Baños, antisistema y anticapitalista, arropando a los representantes del caciquismo nacionalista? ¿Y el LLuís Llach de la gallina ha dit que no, visca la revolució? ¡Vamos lo mejor de cada casa! Los representantes del somcollonuts, ells ensvolenaixafar i serem Catadisney. Mediocres unidos y preocupados con perder la teta que irradia leche y miel.

En su mejor estilo totalitario, ¡la casta acude en defensa de sus privilegios! Cómo me dijo un antiguo psuquero. ¡a quién nos han obligado a votar! ¿Obligado? Pues, ¡Viva el comunismo y la libertad! Pero, acto seguido hacéroslo mirar. Algunos de los izquierdistas presentes ¿creen en la igualdad de derechos y de oportunidades de los seres humanos? ¿Creen que quien más tiene debe aportar más a los gastos comunes que quien tiene menos? Siendo tan subversivos como dicen ser ¿por qué están por las falacias de las identidades históricas, de los agravios de la época de María Castaña (si es que existieron en siglos pretéritos), de privilegios medievales o de pueblos buenos y malos? ¿por qué apoyan los intereses de los caciques? ¿Cuándo se dejarán de mitos, cuentos, leyendas y prejuicios?

Declarar ante el juez que CDC puso a dedo

Y las dudas se acrecientan porque el magistrado del TSJC que actúa de instructor es Joan Manel Abril Campoy. No es juez de carrera, no ha superado oposición de ingreso alguna, sino que fue elegido, en junio de 2012, por el Consejo del Poder Judicial entre una terna de juristas de supuesto prestigio propuesta por el Parlamento de Cataluña. Abril fue el candidato apoyado por Ramón Camps, vocal del CGPJ a propuesta de CiU, y los demás consejeros del Poder Judicial respetaron esta preferencia. Pertenece, pues, al llamado “turno autonómico”. Los parlamentos autonómicos tienen la potestad legal de proponer a la mitad de los jueces integrados en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Esas salas son las encargadas de investigar y juzgar los delitos de los aforados en cada comunidad autónoma.

Un procedimiento de acceso a la Judicatura gracias al favor político que chirría de todas las maneras posibles ante los ojos de la ciudadanía libre de nacionalismo.

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Estarán en condiciones de impartir Justicia?

En el caso de Abril Campoy se podría decir que, en abril de 2012, encabezó la terna propuesta por el Parlament en la que los candidatos Antoni Vaquer y María Rosa Llácer iban de relleno. De dicha sesión parlamentaria se levanto un Acta que no refleja debate algunos sobre los méritos de cada uno. Abril contó con el apoyo inequívoco de CiU y el asentimiento de PSC, ERC y ICV-EUiA. Abril Campoy era profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona y, desde octubre de 2007, ejercía como director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, durante los mandatos de Jordi Hereu y de Xavier Trias.

Abril Campoy es el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andorra, una condición denunciada públicamente por el Partido Pirata. En el Informe elaborado por este partido se indica que este Magistrado "sería la última persona que habría de decidir, por ejemplo, qué datos se dan desde Andorra a la Hacienda española de cualquier investigado". Un Magistrado que ejerce responsabilidades jurídicas en un país extranjero "con sensibles conflictos económicos con la cuestión Convergència-Pujol y otras investigaciones".

De hecho, de la instrucción de Abril Campoy depende en gran manera la resolución del TSJC. A priori, con esos antecedentes, alguien podría pensar en ese juez una persona absolutamente parcial. De momento, ha convocado a los tres cargos públicos denunciados por desobediencia al Tribunal Constitucional para que, acompañados de sus abogados, escuchen lo que hay y preguntarles sobre su actuación desde que el Tribunal Constitucional suspendiera el Butifarréndum. Juez instructor y Tribunal han hecho lo que no tenían más remedio que hacer: proceder a la imputación. Un paso necesario para investigar el asunto y, en su caso, procesar a los imputados o exonerarlos.

Repetimos, imputado no es condenado. Pero, por lo visto en estos tiempos, si el imputado es un adversario se le puede inhabilitar para ejercer cargos públicos. Pero, si alguien de la misma cuerda, llama a declarar a un imputado puede darse el caso que dicha citación resulte un puro trámite sin efecto alguno y que, por tanto, continúe en el ejercicio de un cargo público.

No pasen pena que, dada la situación de la Justicia en Cataluña, es muy improbable una posible condena a Artur Mas y al resto de imputados de su bandería por esta causa.

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